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El Frente Nacional de Inquilinos elaboró el proyecto, que ya fue girado a la Cámara de Diputados; desde la organización analizaron para COEMU, las siete claves de la iniciativa. En Argentina, y según el censo de 2010, el 16 por ciento de las familias alquila



                      “Se trata de un cambio radical en la cultura  del alquiler en la Argentina", expresó Muñoz
 
Por Marcelo Chapay





En la sesión efectuada en la víspera, recibió media sanción por parte de la Cámara de Senadores de la Nación, la norma impulsada por organizaciones de inquilinos de todo el país, y ahora pasó para su tratamiento a la Cámara de Diputados.



El proyecto que fue elaborado por el Frente Nacional de Inquilinos e impulsado por la senadora Silvina García Larraburu, modifica el Código Civil y Comercial en varios aspectos. Entre ellos, se destacan los siguientes:



1. Amplía de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de alquiler.



2. Establece que los aumentos de precios sean anuales y que no sean mayores al nivel inflacionario.



3. Contempla la devolución del depósito en garantía.



4. Dispone que las comisiones inmobiliarias sean determinadas por ley de cada jurisdicción y, en caso de no estar reguladas, no superen nunca el valor de un mes de alquiler.



5. Ordena que las expensas extraordinarias en ningún caso corran por cuenta del inquilino.



6. Elimina el plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa.



7. Añade que las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta días antes del vencimiento de la locación.



El referente del Frente Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, declaró que la norma aspira a lograr "una mejora sustancial en la calidad de vida de los 6,5 millones de inquilinos" y "un cambio radical en la cultura del alquiler en la Argentina".



"Los inquilinos hacemos frente a aumentos indiscriminados en el precio del alquiler. Los ajustes semestrales superan todo índice de inflación y no tienen ningún tipo de parámetro", lamentó. Y afirmó que el proyecto de ley está pensado "siguiendo el curso de la economía nacional y no el capricho especulativo del mercado inmobiliario, que sólo fija los precios en función de obtener mayor rentabilidad".

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