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Después de los procesos de independencia en Latinoamérica, los ingleses empezaron a ejercer presión a través del endeudamiento económico para garantizar su poder dando lugar a la llamada deuda externa argentina. Existieron vaivenes según el gobierno de turno, desde democráticos a militares. La casusa Olmo es imprescindible para entenderla, y la reestructuración de Néstor Kirchner es primordial de reivindicar.



Por Clarisa Busemi

El principio del aciago endeudamiento externo argentino se remonta a 1824 cuando el ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia negoció un empréstito con la compañía bancaria de Londres, Baring Brothers. El monto estuvo estipulado en “un millón de libras esterlinas, de las cuales solo llegaron menos de la mitad, y no en dinero, sino en papeles negociables”, sostiene Pacho O’ Donnel en el documental “Qué hubiera pasado”, de Canal Encuentro.

En 1825, se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Buenos Aires y Gran Bretaña. De esa manera, los ingleses se aseguran la hegemonía disputada con los capitales franceses. A partir de ahí a Argentina se le dificulta el pago de La deuda contraída irregularmente. Ese año el estado argentino reconoce la deuda y se crea el banco nacional que centraliza la emisión monetaria. “Una excusa que tiene que ver con las aspiraciones de Rivadavia de ser presidente en un país desarmado y en medio de la guerra civil. Necesitaba de una institución nacional, de un banco al servicio de intereses británicos”, señala Felipe Pigna.

En 1866, Bartolomé Mitre presidía el país. Se aprueba la Ley 206 y la deuda externa de la provincia de Buenos Aires se transforma en una deuda nacional. Mitre lleva a cabo una política que consiste en consolidar el incipiente Estado Nacional. Cuando concluye su presidencia, la deuda externa asciende a cuatro millones setecientas mil libras. Luego, en la gestión de Domingo Faustino Sarmiento, el país vuelve a tomar nuevos préstamos y al término de su mandato, en 1874, la deuda alcanza los catorce millones quinientas mil libras.

El contexto económico, social y político es crítico en 1890 con el surgimiento de la Unión Cívica. Tres años después y luego de 69 años se termina de pagar el préstamo contraído con la Baring Brothers. Sin embargo, los subsiguientes gobiernos vuelven a endeudarse, y suman los setenta y ocho millones en 1904.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, nace el Fondo Monetario Internacional (FMI) para regular el tipo de cambio otorgando créditos a los  países que, bajo el sistema capitalista, están envueltos en abultadas deudas. En nuestro país ejerce la presidencia Juan Domingo Perón, que decide no formar parte del organismo internacional porque consideraba que al valor de la moneda había que establecerlo en la propia Argentina. Tiempo después, en 1967, Perón explicó sus razones de no adherirse al “fondo, creado según decían para estabilizar y consolidar las monedas del “Mundo libre””, no ha hecho sino envilecerlas en la mayor medida”.

En 1955, el general fue destituido, y un año después, durante la presidencia de facto del general Pedro Eugenio Aramburu, el país vuelve a endeudarse e ingresa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Club de París. Hasta 1959 la deuda se incrementa de cincuenta y siete millones a mil cincuenta y un millones de dólares. En efecto, el Fondo Monetario Internacional comienza a tener una importancia sustancial en la política económica nacional. A partir de allí se gesta un camino de debacle en torno a la soberanía económica nacional que se encamina con la reestructuración que realiza, recién en 2005, Néstor Kirchner.



La causa Olmos y el dictamen de Ballesteros

            Alejandro Olmos fue un periodista y militante político tucumano que investigó el endeudamiento que contrajo Argentina, mediante préstamos internacionales irregulares, durante la dictadura cívico militar de Jorge Rafael Videla. Denunció a la Justicia al ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz y a otros funcionarios del Golpe de Estado de 1976 en una causa penal que fue promovida durante 18 años.

Al inicio del golpe de Estado de 1976, la deuda externa era de 7.800 millones de dólares, y hacia el final, en 1983, ascendía a 45.100 millones, un incremento del 364 por ciento, según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía.

En casi dos décadas, Olmos aportó pruebas sobre las fraudulentas políticas de endeudamiento, y en 1990 escribió: La deuda externa: todo lo que usted quiso saber y siempre se lo ocultaron. También creó el Foro de la Deuda Externa para movilizar la opinión pública. Su hijo, el investigador, historiador y especialista en derecho internacional, Alejandro Olmos Gaona continuó ese camino de investigación hasta la actualidad.

            La denuncia penal que Olmos (padre) presentó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, el 4 de abril de 1982 es la N° 14.467, caratulada "Olmos, Alejandro S/dcia”. La causa se fundamenta en que el plan económico creado y realizado desde 1976 hasta 1981 produjo un desmedido endeudamiento externo; con divisas que ingresaron para negociar con las tasas de interés. La causa sostenía que el gobierno de facto generó quiebras y cierres de empresas, más dificultades en la actividad exportadora y de producción que afectaron el crecimiento del país.

            Olmos amplió su investigación con una segunda denuncia sobre las renegociaciones y los manejos de los fondos de empresas privadas respecto a la deuda externa. Allí abordó “El seguro de cambio”, una medida establecida por Domingo Cavallo, por entonces presidente del Banco Central de la República Argentina, y su sucesor Julio González del Solar. Dicho anuncio se implementó en 1982 para estatizar la deuda contraída por empresas privadas.

En una entrevista a Página 12, el 14 de junio de 2004, el historiador Norberto Galasso explica que esta implementación “tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5300 a 45.000 millones”. Algunas de las empresas favorecidas fueron: Celulosa, Pérez Companc, Citibank, Acindar, Bridas, Alpargatas, Banco Ganadero, Fortabat, y Techint, que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo. Galasso dice al respecto que “se les licuó la deuda, en medio de un período de alta inflacionario. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio, que estaba decretado hasta 1986”.

      El menemismo propició la apertura de nuevas denuncias. En 1993 Alejandro Olmos hijo abrió una nueva causa, la Nº 17.718, denominada "Olmos Alejandro s/ Denuncia por defraudación a la Administración Pública", que aún se encuentra en trámite en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2. Dicha investigación se basó en las infracciones a la Ley Penal Cambiaria y el Plan Brady, que consistía en una reestructuración de la deuda latinoamericana para favorecer a los bancos acreedores.

La tercera causa presentada fue la del Megacanje Cavallo-De La Rúa, operación realizada previa al default de 2001. Se trata de los fondos que las empresas tenían en el exterior y lo traían al país bajo forma de préstamos. Desde 2000, Alejando Olmos Gaona profundizó la investigación y solicitó un recurso de amparo para detener el pago que Néstor Kirchner realizó al Fondo Monetario en 2005.

Olmos Gaona presentó entonces la cuarta causa junto al investigador Daniel Marcos para que se indague “el endeudamiento desde 1995 hasta la última reestructuración efectuada por el presidente Kirchner”, como indica el libro en el que participa junto a varios autores: Deuda Externa ilegítima argentina: La estafa (Editorial de la Universidad Católica de Córdoba). Dicha causa se tramita actualmente en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 7.

El dictamen del juez Jorge Ballesteros, (de la causa de Olmos padre) en 2000 ratificó la ilicitud de la deuda, la responsabilidad de los funcionarios del Gobierno de Facto que la forjaron, y la corresponsabilidad de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que autorizó los préstamos fraudulentos. La causa prescribió a pesar de ser enviada al Congreso Nacional para que debatiera con nulos resultados.   

Olmos padre murió dos días antes de la sentencia. El fallo señala la deuda como “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”. El único procesado en su momento fue el ex ministro de economía Martínez de Hoz, pero lo sobreseyeron porque la acción penal prescribió, y ninguno de los implicados fue procesado.

      La causa Olmos devela lo ilegítimo de la deuda externa argentina y las empresas privadas que se favorecieron con ella, tanto en gobiernos militares como en democráticos. Reflexiona sobre el presupuesto aprobado cada año destinado al pago de los intereses de la deuda en desmedro de los intereses del pueblo y a favor de la usura internacional. En el periódico La Vaca, el 10 de enero de 2006, Alejandro Olmos Gaona resumió: “las deudas hay que pagarlas, las estafas no”.




Reestructuración kirchnerista

En 2004 el presidente Néstor Kirchner y su ministro de economía Roberto Lavagna reestructuran la deuda y la cancelan con el Fondo Monetario Internacional. Se ahorran mil millones de dólares y se desligan de los requerimientos del organismo internacional. En 2007 al finalizar el mandato de Kirchner, se logra bajar a ciento ocho mil millones de dólares. A casi ciento noventa años del primer préstamo.


Aldo Ferrer en su texto “La negociación de los buitres” explicaba que “en los canjes de 2005 y 2010, Argentina logró la reestructuración de deuda soberana más exitosa de la historia, sin pedirle nada a nadie”. Eso significa “sin la participación del FMI ni el visto bueno de los mercados financieros. La deuda pendiente no alcanza a 3000 millones de dólares, menos del 8 por ciento del total de la declarada en default en la crisis del 2001”.

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