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El golpe de estado de 1976 dejó heridas que, aún a 32 años de la recuperación democrática, no cicatrizan. Parieron organismos de derechos humanos que se consolidaron como ejemplo a imitar, en lo que a estas políticas refiere, por el resto del mundo. El aparato de seguridad del Estado argentino, sin embargo, también fue afectado por la concepción represiva heredada de esos años y consolidada en el retorno de la democracia.



Por Gerónimo Gorriarena

Maximiliano Kosteki. Darío Santillan, Luciano Arruga o Walter Bulacio pueden haberse convertido en tristes símbolos de ésta problemática, que se complejiza y asienta con más fuerza en el interior del país. Según datos recolectados por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, en los últimos 12 años, hubo 1893 muertes en hechos violentos con participación de alguna fuerza de seguridad.

“A partir del 2003 las vulneraciones a los derechos humanos hacen un contraste muy fuerte, porque el planteo de la democracia es otro, ya no es el neoliberal donde el Estado solo estaba para garantizar los negocios de una minoría privilegiada” sostiene Julián Froidevaux,  subsecretario de Derechos Humanos de Entre Rios, quien encabeza desde la Subsecretaría provincial la búsqueda de justicia en distintos casos de desapariciones en democracia. Uno de esos casos es el de los hermanos Jonathan y Elías Gorosito, secuestrados por dos policías provinciales distintas.

Jonathan Gorosito perdió la vida el 22 de Junio de 2011, en una comisaría de Las Heras, Provincia de Santa Crúz. Los efectivos intentaron hacer pasar su muerte por suicidio, “pero hay elementos probatorios necesarios para que por lo menos dos de los policías vayan a la cárcel por homicidio”, afirma Froidevaux. Elías Gorosito, el mayor de los hermanos, ostenta el fatídico título de ser el último caso de un joven desaparecido a manos de la policía entrerriana; está ausente desde el 13 de febrero de 2002, cuando los suboficiales Diego Javier Salvador y Jesús Salvador López, recientemente condenados por secuestro coactivo, lo introdujesen al móvil policial que conducían para que nunca más vuelva a ser visto con vida.

El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas insta, a sus estados miembros, a organizar comités de prevención autárquicos con la potestad de poder intervenir ante casos de violación de los derechos humanos. Froidevaux explica que la Argentina se encuentra en proceso de adaptación a dichos estándares, para lo que necesita la decisión política de las legislaturas provinciales.

La conformación de los comités de prevención permitirían, según explica el funcionario, “poder entrar a cualquier lugar de encierro, en cualquier momento y sin aviso, para poder llevar a cabo un registro cabal de la política sistemática de lugares de encierro” incluyendo, además de cárceles o comisarias, a geriátricos, psiquiátricos, e incluso móviles policiales. Ésto solo podrá lograrse, entiende Froidevaux, “con la demanda social y el empuje de la organización popular para que estos temas entren en la agenda política de las cuestiones pendientes”. La Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, entonces, opera en ese sentido.


Casos como el de los hermanos Gorosito, que muchas veces no alcanzan las portadas de los diarios nacionales, motivaron a distintos movimientos políticos y sociales de la Argentina a poner en funcionamiento la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, que cuenta con el apoyo del Congreso de la Nación por iniciativa del diputado nacional Leonardo Grosso (FPV), y consta de una doble aproximación a la problemática: mediante promoción de derechos y asistencia a las víctimas.


Una primera red, compuesta por promotores y voluntarios surgidos de escuelas de formación territorial, se encarga de difundir los derechos ante posibles detenciones arbitrarias y de preparar a los jóvenes para saber cómo actuar ante una situación de abuso policial. Desde la segunda red, donde participan abogados y estudiantes de derecho, se aporta asistencia profesional y protección legal a las víctimas y sus familiares. Los derechos no son derechos hasta que se los ejerce, afirman desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, e invitan a conocerlos, promoverlos y defenderlos.

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