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Alberto Santillán habló con Coemu en la vigilia por el aniversario de la represión ejecutada por la Policía bonaerense en el puente Pueyrredón en 2002, en la que asesionaron a su hijo y a Maximiliano Kosteki, un 26 de junio.

Fotos: Lucho García

Por Nahuel Iribarren

La actividad central de la jornada tuvo inicio a las 19.00 horas con un acto que contó con la presencia de familiares de Darío y Maxi acompañados "por voces de las luchas de ayer y de hoy" y diversas organizaciones sociales.

Además, participaron Alberto y Leo Santillán -padre y hermano de Darío- y Vanina Kosteki (hermana de Maxi), quienes se concentraron junto a Nora Cortiñas, Vanesa Orieta, Carlos El Perro Santillan, Delegados Gremiales de Aceiteros y Vicente Zito Lema, entre otros.

En palabras exclusivas para COEMU, Alberto Santillán dijo: “este 25 tiene mucho simbolismo, no hay banderas solo para acompañar, el compromiso es grande. Venimos soportando 13 años  impunidad y no es simplemente un hecho policial, sino también político. Es una responsabilidad del Estado.”



Aclaró que al realizarse los juicios vio morir miles de veces a Darío, y que las imágenes de él y Maxi en la estación son importantes para que no se olvide de los hechos que ocurrieron. “Dario ha puesto una semilla en los jóvenes y es un legado, yo perdí un hijo pero gane muchos más” agregó.

El 26 de junio de 2002, en el marco de la grave crisis social que atravesaba la Argentina, las organizaciones sociales intentaron manifestarse sobre el Puente Pueyrredón que une Capital Federal con la provincia de Buenos Aires.

La Policía bonaerense, en cumplimiento de directivas políticas, impidió el avance de los manifestantes sobre el puente y desató una represión en la que murieron Kosteki y Santillán.

Ambos resultaron muertos a tiros en la estación Avellaneda del ferrocarril Roca, a manos de una patrulla policial al mando del comisario Alfredo Franciotti, que recibió una condena por el hecho junto con el cabo Alejandro Acosta, en 2005.

No obstante, los familiares de los dos militantes, en calidad de querellantes, reclaman desde entonces que se avance sobre las responsabilidades políticas que determinaron la masacre.

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